Un fallo federal ordenó avanzar de manera urgente con la reparación de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el sur provincial. En paralelo, denuncias sindicales y políticas cuestionan la utilización de recursos recaudados específicamente para infraestructura vial.
El estado de las rutas nacionales volvió a colocar al Gobierno nacional frente a un conflicto judicial y político. Un fallo de la Justicia Federal ordenó al Estado avanzar con la reparación integral y urgente de distintos sectores de las rutas 7, 8 y 33 que atraviesan el departamento General López, en el sur de Santa Fe.
La resolución fue dictada por el juez federal de Venado Tuerto Aurelio Cuello Murúa y podría transformarse en un antecedente relevante para reclamos similares en otros puntos del país.
La sentencia sostiene que, independientemente del mecanismo elegido para realizar los trabajos —Vialidad Nacional, otro organismo competente o empresas concesionarias—, corresponde al Estado nacional garantizar el mantenimiento y las condiciones adecuadas de circulación.
El conflicto se desarrolla, además, mientras avanzan cuestionamientos sobre el destino que tuvieron recursos provenientes de impuestos vinculados al sistema vial.
Un fallo que apunta directamente al estado de las rutas
La resolución judicial tiene más de 50 páginas y describe las condiciones de circulación existentes en distintos tramos de las rutas nacionales que atraviesan General López.
El magistrado hizo referencia al intenso movimiento vehicular de la región y consideró que existen situaciones capaces de poner en riesgo derechos fundamentales de quienes transitan diariamente por esos corredores.
También cuestionó la falta prolongada de trabajos de mantenimiento y conservación.
La causa comenzó a partir de un amparo presentado por la senadora provincial Leticia Di Gregorio, quien aseguró haber recurrido a la Justicia luego de realizar diferentes gestiones administrativas ante organismos nacionales sin obtener una solución definitiva.
La legisladora santafesina describió una situación especialmente delicada para los habitantes de las localidades de la región, donde las rutas nacionales son utilizadas diariamente para trasladarse a escuelas, centros de salud y lugares de trabajo.
Malezas, baches y miles de camiones por día
Entre los elementos incorporados al expediente aparecen reclamos por baches, falta de mantenimiento y crecimiento de vegetación sobre las banquinas.
Según las presentaciones realizadas, en determinados sectores los pastizales llegaron a cubrir parcialmente defensas metálicas y cartelería vial.
El deterioro adquiere una dimensión todavía mayor por la importancia productiva de esos corredores.
Por esas rutas circula parte de la producción proveniente de diferentes provincias con destino a los puertos del Gran Rosario. Durante los períodos de mayor movimiento de la cosecha, el tránsito puede alcanzar aproximadamente los 15 mil camiones diarios.
La Justicia ya había ordenado anteriormente mediante una medida cautelar la realización de trabajos urgentes de bacheo. Nación inició algunas intervenciones, aunque, según consta en el reclamo, las tareas no llegaron a completarse.
La discusión por el dinero recaudado para las rutas
En paralelo al expediente santafesino se abrió otra controversia relacionada con la administración de los fondos destinados al sistema vial.
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) realizó meses atrás un pedido de acceso a la información pública para conocer qué ocurrió con los recursos recaudados mediante impuestos específicos.
A partir de la respuesta oficial, el gremio presentó una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Según los cuestionamientos planteados, durante los últimos dos años y medio se habrían recaudado más de $1,5 billones vinculados al financiamiento de rutas y obras viales, mientras que solamente una parte habría sido efectivamente ejecutada.
Los denunciantes sostienen que más de un billón de pesos permaneció colocado en instrumentos financieros y cuestionan que esos recursos no fueran destinados inmediatamente a infraestructura.
A esa presentación se sumó posteriormente una denuncia impulsada por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz por una presunta malversación de fondos correspondientes al Sistema Vial Integrado.
Será la Justicia la encargada de determinar si existieron irregularidades o responsabilidades penales en la administración de esos recursos.
Qué respondió el Gobierno
Adrián Ravier explicó públicamente que una parte de los impuestos recaudados se destina a Vialidad, mientras que otra queda bajo administración del Ministerio de Economía dentro de la estrategia fiscal del Gobierno.
También reconoció que no podía precisar qué porcentaje de la recaudación estaba siendo destinado efectivamente al mantenimiento de las rutas.
Desde Nación vinculan las restricciones presupuestarias con la situación fiscal heredada y defienden la política de equilibrio de las cuentas públicas.
Ravier sostuvo además que el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, trabaja junto con las áreas correspondientes para encontrar una solución de mayor alcance para la infraestructura vial.
La posición oficial es que la situación presupuestaria recibida por la administración de Javier Milei limitó fuertemente la disponibilidad de recursos para distintas áreas del Estado.
Santa Fe reclama por sus aportes
El destino de los fondos también generó cuestionamientos desde el gobierno provincial.
Di Gregorio aseguró que Santa Fe aportó durante 2025 alrededor de $480 mil millones mediante el impuesto relacionado con el financiamiento vial y reclamó que esos recursos regresen en obras para las rutas que atraviesan la provincia.
El planteo santafesino combina dos cuestiones centrales: por un lado, el deterioro de corredores fundamentales para las localidades del interior; por otro, el enorme peso que esas rutas tienen para el sistema productivo y exportador argentino.
Preocupación dentro de Vialidad Nacional
Los trabajadores de Vialidad también cuestionaron cambios recientes en el manejo interno de los recursos.
Según STVyARA, los distritos provinciales recibieron instrucciones para devolver a la administración central determinados fondos de funcionamiento que no hayan sido utilizados.
Posteriormente deberán solicitar recursos específicamente para conceptos como combustible, viáticos y servicios.
Desde el sindicato advierten que una mayor centralización podría dificultar la capacidad de respuesta inmediata frente a reparaciones de maquinaria u otras necesidades operativas de cada distrito.
Un conflicto que puede extenderse a otras provincias
Aunque la sentencia corresponde específicamente al departamento General López, el caso será observado con atención fuera de Santa Fe.
El deterioro de las rutas nacionales genera reclamos desde distintos puntos del país y el fallo establece un principio relevante: independientemente de cómo decida ejecutar las obras, el Estado nacional mantiene la responsabilidad sobre las condiciones de transitabilidad de los corredores bajo su jurisdicción.
Ahora, además del cumplimiento de las reparaciones ordenadas en las rutas 7, 8 y 33, quedará abierta otra discusión: qué ocurrió con los fondos recaudados para infraestructura vial y si su utilización se ajustó a las normas que regulan su destino.
