Casación Penal resolvió que la investigación por el origen del dinero utilizado para comprar una lujosa propiedad de Pilar deberá continuar en la Justicia Federal de Campana.
La investigación por el presunto lavado de activos relacionado con una lujosa propiedad de Pilar continuará en la Justicia Federal de Campana, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal resolviera que el expediente no corresponde al fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.
La causa regresará al juzgado de Adrián González Charvay, que ya había intervenido en la investigación. Los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña consideraron que el delito investigado corresponde a la Justicia Federal. Alejandro Slokar votó en disidencia por cuestiones formales, aunque coincidió en que una investigación por presunto lavado de activos no debe tramitar en el fuero Penal Económico.
Una propiedad valuada en USD 17 millones
La investigación comenzó a fines de 2025 y busca determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir una casaquinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, cuyo valor estimado ronda los 17 millones de dólares.
La propiedad fue adquirida por la sociedad Real Central, vinculada a Luciano Pantano y Ana Conte. En la denuncia que dio origen al expediente, ambos fueron señalados como posibles testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Se trata, de todos modos, de una hipótesis que deberá ser investigada y probada durante el proceso judicial.
El eje de la causa es establecer de dónde provino el dinero utilizado para concretar la operación y si existió algún delito relacionado con el lavado de activos.
¿Por qué la causa vuelve a Campana?
El tribunal consideró que el hecho de que una investigación tenga contenido económico no significa automáticamente que deba intervenir la Justicia Penal Económica.
Según la resolución, el presunto lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal cuenta con competencia federal específica. Por ese motivo, Casación determinó que el expediente debe continuar en el fuero Federal de Campana.
La decisión resuelve así una disputa de competencia que había llevado la causa por distintos juzgados y cámaras.
La investigación continúa
El regreso del expediente a Campana no significa que la investigación deba comenzar nuevamente. Casación aclaró que las medidas realizadas hasta el momento mantienen su validez y que el juzgado deberá continuar el trámite desde el estado actual de la causa.
Ahora, la Justicia Federal deberá avanzar para determinar si efectivamente existió un delito y, en ese caso, establecer cuál fue el origen de los fondos utilizados para comprar la propiedad.
Por el momento, la resolución de Casación define qué tribunal debe investigar, pero no determina la existencia de un delito ni establece responsabilidades penales sobre las personas mencionadas en el expediente.
